El panorama político y geopolítico de Venezuela ha sufrido una transformación radical en la primera semana de enero de 2026, marcada por una intervención militar directa de los Estados Unidos y la captura del mandatario Nicolás Maduro. En este contexto de extrema volatilidad, la figura de Delcy Rodríguez ha emergido no solo como la sucesora designada por el Tribunal Supremo de Justicia, sino como el epicentro de una tensa disputa retórica y estratégica con la administración de Donald Trump. El 6 de enero de 2026, Rodríguez pronunció un discurso que representa su tercer desafío abierto a Washington en menos de cuatro días, al asegurar de manera tajante que "no hay ningún agente externo que gobierne a Venezuela".
La crisis actual tiene su origen en la madrugada del 3 de enero de 2026, cuando la Operación Absolute Resolve (Resolución Absoluta) desarticuló la cadena de mando del Estado venezolano en cuestión de horas. Desde entonces, la narrativa oficial ha oscilado entre la denuncia de un secuestro internacional y la necesidad pragmática de evitar una destrucción mayor del país. Mientras Donald Trump afirma que Rodríguez está "cooperando", la presidenta encargada intenta proyectar una imagen de autonomía que satisfaga a las facciones internas del chavismo y a las Fuerzas Armadas.
La anatomía de la Operación Absolute Resolve: El fin de la era Maduro
La intervención militar que culminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fue una ejecución de precisión que combinó la superioridad tecnológica aérea con la eficacia de las fuerzas de operaciones especiales. Según fuentes oficiales y reportes de inteligencia, la operación fue aprobada por Donald Trump días antes, tras dar prioridad a ataques contra células del Estado Islámico en Nigeria. El ataque comenzó a las 2:01 a.m. hora local de Caracas, neutralizando los sistemas de defensa aérea y los centros de comunicación estratégica.
Despliegue técnico y táctico de las fuerzas estadounidenses
La magnitud del ataque fue tal que la Administración Federal de Aviación emitió un NOTAM prohibiendo cualquier vuelo de aeronaves estadounidenses en el espacio aéreo venezolano. La fuerza de tarea conjunta involucró aproximadamente 150 aeronaves y el despegue coordinado desde 20 bases repartidas por el hemisferio occidental. El uso de bombarderos B-1B y cazas F-35A permitió una degradación rápida de la infraestructura militar sin necesidad de una incursión terrestre masiva inicial.
- Operaciones Especiales: Delta Force (1.º SFOD-D) ejecutó la extracción de Maduro de su residencia.
- Aviación de Élite: 160.º Regimiento (Night Stalkers) realizó la infiltración con helicópteros MH-47G.
- Supremacía Aérea: F-35A y B-1B realizaron bombardeos de precisión.
- Fuerza Naval: II Fuerza Expedicionaria de Marines controló las costas desde el USS Iwo Jima.
El ascenso de Delcy Rodríguez: Entre la sucesión legal y la tutela externa
Tras la captura de Maduro, el sistema institucional venezolano se movilizó para evitar un vacío de poder absoluto. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictaminó que Delcy Rodríguez, en su condición de vicepresidenta, debía asumir la presidencia encargada. Sin embargo, esta asunción se da en un entorno de extrema ambigüedad, donde Rodríguez balancea su lealtad pública con las demandas de una administración estadounidense que ya la reconoce como interlocutora.
Detrás de la retórica incendiaria, hay señales de un pragmatismo forzado. Trump ha asegurado que Rodríguez está cooperando porque "ama a su país y quiere que sobreviva", añadiendo que ella "realmente no tiene otra opción" dada la amenaza de un segundo ataque mayor si no se cumplen los lineamientos de Washington. Esta dualidad define el momento actual: una presidenta que desafía a Trump en televisión estatal mientras mantiene canales abiertos con el Departamento de Estado.
El tercer desafío: "No hay agente externo que gobierne"
El punto culminante de esta tensión ocurrió el 6 de enero, cuando Rodríguez afirmó categóricamente: "Estamos acá gobernando junto al pueblo... no hay agente externo que gobierne a Venezuela". Esta declaración fue una respuesta directa al anuncio de Trump sobre la creación de un equipo de transición liderado por Marco Rubio y Stephen Miller para coordinar el futuro del país. Con este mensaje, Rodríguez intenta cohesionar a las bases chavistas y calmar la inquietud dentro de la FANB.
La Geopolítica de Trump en 2026: El factor de estabilidad
La estrategia de Trump parece basarse en un realismo transaccional que prioriza la estabilidad de la industria petrolera. Para la Casa Blanca, Delcy Rodríguez representa una figura tecnocrática con capacidad de gestión demostrada. Trump ha manifestado que María Corina Machado "no tiene el apoyo ni el respeto del país" necesario para garantizar una transición sin caos, prefiriendo un modelo que evite el vacío de poder total.
Al mantener a Rodríguez en el cargo, Washington espera que el chavismo controle a sus propios sectores radicales mientras las empresas estadounidenses regresan al país para realizar inversiones millonarias en infraestructura petrolera. Este enfoque busca asegurar el acceso total al petróleo, un objetivo que Trump ha calificado de prioridad para "enriquecer a los Estados Unidos".
Estado de la nación: Economía bajo asedio y asalto judicial
La Venezuela de 2026 enfrenta una realidad devastadora. La economía se redujo a apenas US$ 82 mil millones en 2025, con una inflación proyectada del 500%. Mientras tanto, Nicolás Maduro enfrenta cargos de narcoterrorismo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, declarándose inocente y alegando ser víctima de una captura que viola el derecho internacional.
Perspectivas para una transición bajo vigilancia internacional
El éxito de esta etapa dependerá de si las decisiones se toman pensando en el bienestar del pueblo venezolano o si el país se convertirá en un activo petrolero de la administración Trump. El desafío de Delcy Rodríguez recuerda que la lucha por el control simbólico continúa, mientras la población permanece en una tensa espera. La "agenda de cooperación" podría ser el único camino para evitar un conflicto civil, aunque el precio sea una tutela externa que contradice los discursos de soberanía oficial.